Redacción

Los legisladores del Partido del Trabajo buscan revivir las llamadas “herramientas legislativas” que permitían gastar 200 mil pesos mensuales a cada diputado como supuestas ayudas sociales.

Hasta el 2018, cada legislador tenía acceso a esta partida que podía ejercer a su total criterio únicamente justificando con un recibo (a veces falsificado) que lo había entregado.

Enmascarado en “ayudas sociales” estos recursos podían fácilmente llegar a los bolsillos de los propios diputados o de sus familiares o colaboradores, porque no se requería más que una hoja simple en la que alguien dijera haber recibido cierto monto, y acompañarlo con una credencial de elector, mismas que podían obtenerse de otras maneras.

Con esa laxitud era posible dar prebendas electorales, desviar recursos a particulares, pagar viajes, fiestas de 15 años, o inventar problemas sociales que justificaran la entrega del recurso.

Debido a esto, en julio del 2018 se reformó el artículo 65 de la Constitución Política de Zacatecas prohibiendo a la Legislatura dar ayudas sociales.

Sin embargo, el pasado 11 de noviembre el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, Xerardo Ramírez pasó a tribuna a presentar la iniciativa suscrita también por sus compañeros de partido Ana Luisa del Muro y José Luis Figueroa en la que plantea reformar ese artículo.

Como para no levantar ámpula, la presentación de la iniciativa en el pleno del Congreso del Estado sólo duró 20 segundos porque el legislador se negó a leer la propuesta argumentando que ya estaba en la gaceta parlamentaria.

La presidenta de dicha sesión, diputada Zulema Santacruz de Encuentro Social, permitió que se ocultara la intención de la reforma constitucional toda vez que, aunque el diputado Ramírez no dijo de qué se trataba, ella expresó que “su iniciativa fue muy clara” cuando otros legisladores cuestionaban la intervención del petista.

El cambio pretendido es modificar el último párrafo del artículo 65 que dice:

“La Legislatura no podrá presupuestar de sus recursos ayudas sociales” y agregarle las palabras “a personas morales”, con lo que se mantendría la limitante de apoyar a asociaciones civiles y fundaciones como la Cruz Roja, APAC, o AMANC, pero se permitiría apoyar a personas físicas, es decir a cualquier ciudadano que cuente con Registro Federal de Contribuyente.

Fragmento de la Gaceta Legislativa en la que se plasma la iniciativa.| Foto: Cortesía

La iniciativa pasó a ser discutida por la comisión de Puntos Constitucionales, estudios legislativos y prácticas parlamentarias, y de aprobarse en el Congreso del Estado tendría que ser avalada en al menos la mitad de los cabildos de la entidad, debido a que buscar reformar un artículo constitucional.