Redacción
Exfuncionarios del municipio de Guadalupe en el trienio encabezado por Roberto Luévano Ruiz no ejercieron con transparencia alrededor de 25 millones de pesos que actualmente deberán aclarar ante diferentes organismos fiscalizadores.
El contralor municipal Carlos Salmón denunció que 7 millones de pesos de ese total deberán ser aclarados por el propio exalcalde y su extesorera Ana María de Avila, ya que de un fondo de recursos federal de 27.4 millones de pesos para obra pública que debieron haber ejercicio en el 2015, 7 millones no se ha comprobado que fueran aplicado para esos objetivos.
Incluso, en el documento en poder de la contraloría municipal enviado por la Auditoría Superior de la Federación se detalla que esos 27 millones de pesos debieron haberse aplicado antes del 31 de diciembre de 2015, sin embargo, solo se gastaron 5 millones antes de esa fecha y el resto se aplicó hasta mayo de 2017.
Tanto el exalcalde como la extesorera deben aclarar el destino de esos 7 millones de pesos durante los próximos 30 días, contados a partir del pasado 6 de octubre, de lo contrario pueden hacerse acreedores a sanciones como la inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
Alrededor de otros 7 millones de pesos deben ser aclarados ante la Auditoría Superior del Estado, por exfuncionarios como Francisco Javier Collado, Jorge Fajardo, Manuel Silva, Eliza Loera y Mayra Fajardo por irregularidades como no expedir recibos oficiales en contribuciones y elaborar cheques sin cumplir con los requisitos durante el ejercicio fiscal de 2014, dijo el contralor.
Asimismo, mencionó que existen otros 6 millones de pesos de los cuales no se ha logrado acreditar su correcta aplicación y cuyas irregularidades en su ejercicio tiene que ver con malos manejos en cuentas bancarias y la existencia de 127 personas en nómina que al parecer eran aviadores.
El resto de los recursos que no se han comprobado tiene que ver con asuntos de la sindicatura y con un convenio con una empresa de muebles a la que no se le pagó.
