Por: Rodolfo Márquez López
En enero de 2017 los contribuyentes zacatecanos nos encontramos con un nuevo cobro al ir a pagar nuestros impuestos vehiculares. “Impuesto adicional a la infraestructura” por un monto de alrededor de 700 pesos era el nuevo cargo tributario que Alejandro Tello y su gobierno habrían inventado para obtener más recursos de la ciudadanía y hay que decirlo, tapar el gran bache financiero que dejo Miguel Alonso.
Hace un año y tres meses unas diez personas tramitaron un amparo indirecto en contra del nuevo impuesto que según dijo en aquel entonces el secretario de finanzas era para mejorar las vías de comunicación y calles del Estado (seguimos a la espera); los ciudadanos que buscaron este recurso legal lo ganaron en el juzgado federal. Este año fueron cientos de personas que se inconformaron por este impuesto y que hoy ya ganaron el amparo.
En rueda de prensa, este domingo Soledad Luévano informó que ha empezado a recibir las primeras sentencias de los amparos interpuestos por diversos ciudadanos y la justicia los protege en contra el impuesto a la infraestructura y lo declara como inconstitucional al violar el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con esto, Luévano Cantú no busca crear una confrontación ciudadana contra el gobierno de Tello, si no exigir lo que por ley los zacatecanos estamos protegidos constitucionalmente en un momento en que la economía local no atraviesa por sus mejores tiempos, ya que recordemos que Zacatecas se encuentra entre los estados mas pobres de México.
Efectivamente, el gobierno de Tello como lo dijo en su comunicado de media noche, aun puede buscar un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia o en algún órgano colegiado, esto solo alargaría unos meses el proceso para devolver el dinero a los ciudadanos que se ampararon, pero al final de cuentas la sentencia será positiva para los ciudadanos.
El contador Tello llamó desde Mazatlán a proponer por Zacatecas y no sembrar odio, que no era un impuesto que se fuera a ir a sus bolsillos, pero que sin el impuesto a la infraestructura se iban a perjudicar todas las obras del DIF (casas hogares, asilos de ancianos, etc) ¿entonces, el impuesto a la infraestructura no es para vialidades y sí para las acciones que hace su esposa? y otra pregunta ¿Desde cuándo buscar amparo en los órganos de justicia de nuestro país y exigir lo que es un derecho es sembrar odio?
Twitter: @rodolfo_marqz