Por: Luis Medina Lizalde
Cobró fuerza la invención que acusa a Andrés Manuel de crear una estructura paralela a los gobiernos de los estados mediante delegados que tendrán poder de decisión para “bajar recursos” y que serán el conducto obligado de la derrama federal en cada entidad federativa, en el extremo del equívoco, Romero Hiks, a nombre del grupo parlamentario del PAN, expuso postura en contra de lo que calificó como decimonónico, lo que refleja que esta falsa creencia es capaz de sorprender hasta uno de los más serios políticos conservadores.
Se vale estar alerta del desempeño de esta estructura para que no reproduzca los vicios del clientelismo, pero de allí a presentarla como un atentado al Pacto Federal hay un abismo.
Los “vicegobernadores” o “superdelegados” cumplirán una tarea: asegurar que los beneficiarios de los programas sociales reciban directamente los beneficios preestablecidos.
Empecemos por clarificar lo que erróneamente temen de los inminentes empleados federales:
No ejercerán facultad que no esté expresamente consignada en la ley, por lo que habrá que esperar lo que al respecto se legisle.
No manejarán un sólo peso que no corresponda a sus salarios y prestaciones.
No dispondrá de facultades para excluir a personas que cumplan con los requisitos legales para estar en el padrón de beneficiarios ni podrá incorporar a nadie que no cubra tales requisitos.
No podrá gestionar recursos, sólo cumplirá su explícita función de censadores permanentes de potenciales beneficiarios.
No entregarán los beneficios federales por medio de organizaciones, “líderes”, “operadores” diputados locales, federales, senadores gobernadores ni presidentes municipales.
Los delegados no tendrán poder para “arropar” o “descobijar” más que a sus hijos, quien lo afirme es charlatán y quien lo crea es un crédulo.
Para tal propósito se divide el territorio nacional en coordinaciones estatales al frente de coordinaciones regionales que a su vez coordinaran a empleados de rango municipal constituyendo una burocracia de dimensión infinitamente menor a la que ahora cumple esa tarea.
El acceso a los programas sociales será un derecho, no una dádiva.
El elevado número de programas sociales será compactado en unos cuantos.
Al eliminar la intermediación de políticos clientelares oficiales u opositores se liberan cuantiosos recursos que podrán ser aplicados en su propósito legítimo.
Como podrá apreciar el lector, la estructura de delegados es la apropiada para una política social que busca eliminar el enorme despilfarro en burocracia y en intermediarios clientelares individuales y colectivos, es la aplicación a nivel nacional de lo que López Obrador implementó en la Ciudad De México con óptimos frutos.
CREMA PARA TACOS
Para López Obrador el día dura 24 horas y las horas 60 minutos, por tal motivo, la integración de la lista de delegados corre a cargo de gente de su confianza que a su vez recurre a gente de su confianza para que busquen gente de su confianza para hacerlos delegados en entidades y regiones.
Las personas designadas como “superdelegados” tendrán el peso político con el que lleguen al puesto, unas con mucho, otras con poco, otras con nada. Tendrán empleo federal digno, en austeridad republicana y sin margen para corrupción.
Se entiende que el Gobernador de Jalisco se moleste con su “superdelegado” Carlos Lomelí, tiene peso político y dinero como para donar su sueldo y pichar las tortas de los que anden casa por casa.
Se entiende que el gobernador de Nuevo León no entienda porque él se toma su tiempo para entender.
Se entiende qué la gran mayoría de los gobernadores quedaron conformes una vez que el propio López Obrador les explica las tareas de los inminentes empleados federales.
Es mi convicción que la estructura de delegados que nacionalmente coordinará el economista Gabriel García es gran acierto estratégico para atender la ofensiva pobreza y marginación en la que se debaten más de 60 millones de mexicanos. Del éxito de la estrategia depende en mucho la recuperación de los niveles de seguridad perdidos, disminuirá la emigración forzada y México podrá ofrecer a sus habitantes la vida libertaria y socialmente justa que anhelamos.
ROSARIO ROBLES SE VA
Lo que sigue es el esmero en la ejecución de la estrategia, aplicando “cero tolerancia” anunciado por López Obrador a todo signo de corrupción o uso político faccioso.
El régimen que perdió las elecciones derrochó los impuestos por la intermediación clientelar y la operación partidista desde el servicio público, cavando su tumba y generó repudio social a esas formas de hacer política.
Aprendida la lección, a partidarios y opositores al nuevo gobierno corresponde vigilar el cumplimiento cabal de los lineamientos de aplicación de la nueva política social.
La vigilancia ciudadana, periodística e institucional será la mejor garantía del cambio verdadero.
Nos encontramos en El Recreo
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