Selene Lamas

Seiscientos millones de pesos y ocho años de estudios técnicos, negociaciones y cabildeos no han servido para concretar el proyecto con el que prometen se resolvería la escasez de agua en Zacatecas. ¿La razón? Las fallas en la negociación para adquirir los terrenos, desinformación, y la resistencia de los dueños de la tierra domde se construiría el sistema Milpillas en el municipio de Jiménez del Teul.

El proyecto comenzó a gestarse en 2011 en el seno de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y tomó forma aproximadamente en 2014, cuando el Gobierno del Estado, entonces encabezado por Miguel Alonso, empezó a participar en la realización de la obra que, aseguran las fuentes oficiales, podría acabar con la sed de los municipios de Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe, principalmente.

El primer tropiezo ocurrió en 2016, cuando no pudieron adquirirse los terrenos necesarios para la construcción de la cortina y el vaso de la presa. Para ello se firmó el contrato PEO-2016-ZAC-01-AD con la empresa Corporativo Internacional Crystal S.A de C.V por 12 millones de pesos, pero ésta no informó apropiadamente a los ejidatarios y pequeños propietarios de la tierra, sobre el destino que tendrían sus propiedades.

De esta situación dio cuenta el propio extitular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA), Víctor Armas Zagoya, según relata el periodista César Orta en la nota del periódico Imagen de Zacatecas con fecha del 5 de diciembre de 2017, al informar que faltaba de asegurar el 14% de los terrenos necesarios para la obra, mientras que “el resto de las hectáreas adquiridas se obtuvieron antes de anunciar el proyecto para que su precio no se disparara”.

Además de esto vinieron las diferencias, pues las 125.72 hectáreas que se adquirieron en el ejido El Potrero se pagaron a un precio de 50 mil pesos cada una, mientras que en Atotonilco y la Estancia de Guadalupe se pagó a 12 mil pesos la hectárea, según una solicitud de información respondida por SAMA a Colmena Informativa, a finales de abril de 2019.

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Estos precios se fijaron de acuerdo a los criterios del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), que valoró las propiedades entre 90 y 99 centavos el metro cuadrado de la mayoría de la superficie requerida, en tanto que otras pocas hectáreas las valuó entre 1.11 y 1. 90 pesos el metro.

Estos precios marcan una notable diferencia con los pagados en proyectos similares en estados vecinos. Tal es el caso de la presa El Zapotillo en Jalisco (aún inconclusa) donde se pagó a 120 mil pesos la hectárea o con la de El Realito en San Luis Potosí donde se convinieron los terrenos hasta en 2.5 millones de pesos por hectárea. 

 

Más caro el caldo que las albóndigas

Bajo esta lógica, la empresa encargada de adquirir 200 hectáreas de terreno de las 300 necesarias para la presa, cobró casi el doble por sus servicios (12 millones de pesos), en comparación con lo que se le pagó a la gente de Jiménez del Teul por sus tierras (6.7 millones de pesos).

Al respecto, Luis Fernando Maldonado Moreno actual titular de SAMA, informó recientemente que se decidió equiparar el precio de compra a los ejidos de Atotonilco y Estancia de Guadalupe -a los que se les compró la hectárea en 12 mil pesos- con el de El Potrero a los que se les pagó a 50 mil pesos.

Y ni caldo hubo…

Sin embargo ni siquiera pudo probarse documentalmente que la empresa Crystal cumpliera con el contrato por 12 millones de pesos por negociar los terrenos, por lo que tanto la empresa como el extitular de SAMA, Víctor Armas, deben resarcir esa cantidad a las arcas públicas, de acuerdo con la cuenta pública de 2016 (dictaminada por el Congreso local en 2018).

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Según información de la Auditoría Superior del Estado (ASE), a la fecha, tanto Víctor Armas, señalado como presunto responsable directo de la irregularidad, como Salvador Esaú Constantino, en aquel entonces jurídico de SAMA e indicado como presunto responsable subsidiario, así como la empresa Corporativo Internacional Crystal, presunta responsable solidaria, deben aclarar  las irregularidades por las que son señalados.

De lo contrario, el caso pasará a manos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno estatal, donde se deberá iniciar un proceso de investigación para ver si todos los elementos están debidamente acreditados y posteriormente se califica la falta, declaró Paula Rey Ortiz, titular de la dependencia.

Si se califica como no grave, la SFP sanciona y si se evalúa como grave se cita a los presuntos responsables a la primera a audiencia para integrar el expediente y enviarlo al Tribunal de Justicia Administrativa para que le dé continuidad.

La funcionaria agregó que derivado de otras observaciones que la Auditoría Superior de la Federación hizo al gobierno estatal por presuntas irregularidades también en la aplicación del presupuesto federal para la obra, se vieron en la necesidad de acercarse a la SAMA para hacerles algunas recomendaciones.

Rechazo al proyecto

A la problemática referida también se sumó el activismo de organizaciones como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), así como de algunos académicos de la entidad que se han manifestado en contra del proyecto y cuyas posturas han incidido en el ánimo de los propietarios de la tierra.

Entre las preocupaciones que estos grupos han expuesto, se encuentran las afectaciones que pudiera ocasionar río abajo la construcción de la presa, el destino que tendrá en líquido que se almacene –particularmente si algún porcentaje será destinado para actividades industriales- y si en la construcción habrá inversión de empresas privadas a cambio de una parte del agua de la presa.

Sobre estos asuntos, Maldonado Moreno aseguró que río abajo no habrá afectaciones, ya que un 10% de los 47 millones de metros cúbicos de agua que retenga la presa tendrán que ser liberados como “gasto ecológico” , además de que 20 millones de metros cúbicos estarán a disposición de los habitantes de la región.

Sobre el destino que tendrá el agua, afirmó que será exclusivamente para el gasto público urbano, ya que fue para esos usos se otorgó la concesión, de modo que en caso de utilizar el líquido para otras actividades, simplemente se le retiraría el permiso al estado.

En cuanto a la inversión requerida para la construcción tanto de la presa como del acueducto, dijo que la primera será construida con mil 800 millones de pesos de inversión exclusivamente federal, mientras que de los 4 mil 200 millones de pesos necesarios para el acueducto el 49% serán aportado por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y el 51% serán contratado mediante el gobierno del estado bajo la figura de Asociación Público Privada (APP), probablemente con instituciones bancarias, a las cuales se les pagaría un aproximado de 270 millones de pesos anuales por 25 años.

También descartó que el mantenimiento y la operación del sistema vaya a quedar a cargo de una empresa privada, pues dijo que serán los propios organismo operadores los que se hagan cargo con un costo aproximado de 173 millones de pesos anuales.

 

Las cifras perdidas de Milpillas

Los eventos antes mencionados se han conjugado para que hoy el futuro del proyecto hidráulico se encuentre incierto, ya que de los mil 800 millones de pesos provenientes de la Federación ya se han etiquetado 675 millones de pesos, de los cuales solo ha sido posible ejercer 60 millones de la primera partida de 170 millones de pesos asignados en 2017.

Los otros 504 etiquetados este 2019 acaban de ser retirados de la mesa toda vez que a mitad del año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace reasignaciones de aquellos presupuesto que fueron destinados para  fines que no se logran cumplir, expresó Héctor González Curiel, director local de la Conagua.

La causa de este subejercicio presupuestal es que el gobierno estatal –encargado de liberar los terrenos para la construcción de la presa- no ha logrado adquirir el 100% de la superficie necesaria para iniciar, por lo que el reglamento impide que se realice el concurso para determinar qué empresa se encargará de las obras.

El funcionario federal precisó que la administración encabezada por el gobernador Alejandro Tello le hizo llegar un paquete de documentación de terrenos liberados hace tres meses, lo cuales fueron regresados a la autoridad estatal por inconsistencias en la información.

Al respecto, el titular de SAMA, Maldonado Moreno, ha asegurado que ya se adquirió el 94% de los terrenos y que el 6% restante pertenece a particulares con las que ya se tienen iniciadas las negociaciones; además insistió en que en esas condiciones se podía iniciar el proyecto contrario a lo sostenido por el directo local de la Conagua.

Sobre la aplicación de los recursos, González Curiel explicó que los únicos 60 millones de pesos que se ha logrado ejercer, se usaron principalmente en la adquisición de cemento y varilla, así como el resguardo de máquinas y en los salarios del personal que no pudo trabajar debido a que los pobladores donde se iban a iniciar las obras, se negaron a que procedieran, mientras que los 110 millones de pesos restantes fueron regresados a la Federación.

Ante estos acontecimientos, González Curiel dijo que aún no se puede saber si el gobierno federal otorgue recursos al estado en lo que resta de este año o para el próximo, pues será hasta que el gobierno estatal no libere el 100% de los terrenos no se pueden acercar a solicitar la reasignación de recursos.

Por otra parte, Maldonado Moreno agregó que a la fecha se han aplicado 205 millones de pesos de recurso estatal en estudios con nueve empresas diferentes para demostrar la viabilidad del Sistema Milpillas.