Redacción

En presencia de los diputados de la 62 Legislatura, la secretaria General de Gobierno, Fabiola Torres, rechazó de nueva cuenta siete de las ocho recomendaciones que le emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Zacatecas (CDHEZ) por presuntas violaciones a los derechos humanos en la comunidad de Salaverna, Mazapil, el 23 de diciembre de 2016.

La funcionaria estatal sostuvo que la intervención que se llevó a cabo en esa ocasión para evacuar a los habitantes de la comunidad se hizo bajo estricto acato a la ley y por recomendación del Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Durante la comparecencia la secretaria decidió aceptar únicamente la recomendación que tiene que ver con la capacitación al personal de la Dirección Estatal de Protección Civil y de forma parcial la que la exhorta a inscribir en el registro estatal de víctimas a siete de las personas que se vieron afectadas, porque solo se registrará a una.

Por otro lado, Torres dijo que se abrirá una investigación administrativa sobre el actuar de los funcionarios públicos que tuvieron a cargo la operación y que fueron Antonio Caldera, director del Protección Civil, Raquel Ortiz coordinadora de asesores de la Secretaría General de Gobierno, Julio César Chávez, subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana de la misma dependencia.

La secretaria rechazó tajantemente que en la evacuación voluntaria que ella ordenó haya sido un desalojo, que haya habido desplazamiento forzado y que haya interés político en la mediatización del caso.

Lo que si reconoció fue que hubo un abuso de poder en bloquear el camino y que por eso la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas y la Secretaría de Seguridad Pública sí aceptaron las recomendaciones.

Los diputados, por otra parte, aclararon que no tienen la competencia jurídica para dar solución al conflicto en Salavarna, pero se comprometieron a acompañar en todo momento a los habitantes en la localidad a todas las instancias para que den cauce a sus requerimientos.