Por Heraclio Castillo Velázquez
Hace algunos años, concretamente en el sexenio de Amalia García Medina, llegamos a escuchar sobre los PPS, Proyectos de Prestación de Servicios. En aquel entonces la palabra fue empleada para definir el esquema bajo el cual se construiría Ciudad Gobierno (hoy Ciudad Administrativa). La iniciativa privada, con recursos propios, edificaría y daría mantenimiento al complejo durante el periodo que abarcara el contrato y en dicho plazo el gobierno pagaría por el servicio, como cualquier contrato.
La ventaja de este esquema es que no se comprometerían las finanzas del gobierno y le permitirían mantener una buena calificación crediticia, a la par de ordenar y planear la edificación de un complejo administrativo donde se pudieran concentrar todos los servicios que ofrece el Gobierno del Estado con la participación de la iniciativa privada, que también se haría responsable de dar mantenimiento a los inmuebles.
No se privatizaron los servicios; seguían siendo responsabilidad del Gobierno del Estado. Únicamente se buscó un esquema que facilitara la construcción de los espacios para brindar los servicios con la participación de la iniciativa privada ante la falta de recursos públicos para ello.
Con el cambio de administración también se le dio la vuelta a la tortilla y el entonces gobernador Miguel Alonso Reyes emprendió una campaña de descalificación hacia los PPS, asegurando que era deuda pública que no había sido registrada como tal y que comprometía las finanzas del estado. Fue tal su insistencia que logró la aprobación de varios créditos para saldar el contrato. Grave error.
El complejo aún no había sido terminado y ya estaba en manos del Gobierno del Estado, con una deuda pública que aumentó más del 1,000% en sus primeros dos años, sin recursos públicos para concluir el complejo y dar mantenimiento a los edificios, además de comprometer sus finanzas a un plazo todavía más largo y una calificación crediticia aún más delicada. Pero habían salvado al estado…
La actual administración encabezada por Alejandro Tello Cristerna arrancó con la soga al cuello en materia financiera y ante los recortes presupuestales de este 2017 y los que se prevén para el 2018, cada vez hay menos posibilidades de obtener recursos federales para el megaproyecto de la Presa de Milpillas. Pero gracias a la mala fama creada a los PPS por el anterior gobierno, el esquema de inversión público privada parecería un nuevo endeudamiento y la privatización del servicio (el derecho humano de acceso al agua potable).
La posibilidad de contratar un nuevo crédito para emprender el proyecto no sería viable especialmente cuando está en puerta un cambio en la administración federal, además de que se seguirían comprometiendo las finanzas del estado, lo que detendría aún más su desarrollo. Sin embargo, de emprenderse este esquema de inversión público privada (o PPS), la iniciativa privada desarrollaría la infraestructura mientras el gobierno garantiza el servicio para la población. La única duda que queda en el aire sería cómo recuperaría la iniciativa privada su inversión y si esto implicaría aumentar las tarifas por el servicio.
Un esquema similar ya lo hemos visto con el Programa Integral de Modernización del Alumbrado Público que se emprende actualmente en el municipio de Guadalupe. La iniciativa privada, con recursos propios, realiza la sustitución de más de 15 mil 806 luminarias por focos de tecnología LED, incluyendo el mantenimiento, y con los ahorros generados, en un plazo de 10 años a lo mucho, se recuperará la inversión.
En este caso, el gobierno sigue siendo responsable de brindar el servicio, pero con recursos privados se cambia la infraestructura para eficientar el servicio y, a largo plazo, generar ahorros para la administración municipal. Si esta acción se hubiera llevado a cabo solo con recursos públicos, hubiera sido imposible, ya que se requeriría más de una tercera parte de su presupuesto anual tan solo para el cambio de luminarias, aunado a los costos derivados del mantenimiento.
La sustitución de luminarias apenas arrancó el pasado 15 de septiembre y, hasta donde se ha dado a conocer, en cinco meses se pretende haber cambiado al menos 15 mil 806 luminarias en todo el municipio. Habrá que conceder el beneficio de la duda hasta entonces. Sin embargo, me permito recordar otro caso de PPS que ya tiene tiempo en el país. El Estado de México mejoró su conectividad gracias a este esquema para el desarrollo de una red carretera que lo conectara con estados circunvecinos, además de que representó un ingreso extra para la administración de aquella entidad.
Ahora que en Zacatecas tendremos la Ley de asociaciones público privadas, contaremos con un marco normativo para regular este tipo de inversiones y dar mayor certeza a este esquema de trabajo. Satanizar este tipo de inversiones francamente tampoco conduce al desarrollo y no son pocos los casos en que se exige la inversión pública para ciertas obras que al final resultan vandalizadas. ¿Y la corresponsabilidad ciudadana?
Quizás habría que recordar que de las obras que se realizan la mayoría se hace con recursos públicos, de los propios ciudadanos que con sus impuestos contribuyen a que Zacatecas se encamine al desarrollo. Dañar la infraestructura pública nos perjudica en primera instancia a los ciudadanos que pagamos por ella. Lo del supuesto diezmo se paga aparte…