Por: Luis Medina Lizalde 

Si no es por la denuncia del 6 de Enero del presente de la diputada local Alma Dávila, no trasciende que la actual Legislatura aprobó dar marcha atrás a una reforma de la Constitución del Estado de Zacatecas que a propuesta de un servidor aprobó por unanimidad la 62 legislatura incrementando un mes a los períodos ordinarios.

Lo sorprendente del asunto es que, lo que en mi opinión es un grave retroceso, fue votado a favor también por los que en la pasada legislatura votaron por la reforma que tuvo como finalidad incrementar el rendimiento del Poder Legislativo.

Desconcertado por la incongruencia conversé con el Diputado Raúl Ulloa (fue el primero en manifestar públicamente su oposición a la propuesta avalada por todos los coordinadores de fracción parlamentaria),  me relató el engaño de que fueron objeto cuando les entregan un orden del día diferente al que luego tuvo la asamblea, coincidiendo con lo dicho por la diputada Alma Dávila en su señalamiento de que dicha aprobación fue “furtiva y confusa”, con lo que se genera la expectativa de impugnación legal  y política (Los presidentes municipales, síndicos y regidores de los 58 municipios tienen la posibilidad de frustrar la pretensión).

Es del conocimiento general la improductividad legislativa que mantiene al estado con un retraso normativo severo. La parálisis es tal, que nadie conoce un caso en el que se descuente un día de salario al faltista, ni que se llame al suplente ante la reincidencia crónica; ninguna sanción recibe el Presidente de comisión que no convoca a los miembros,  ni tampoco al integrante que con su sistemática ausencia boicotea el quórum. La situación amerita una profunda reflexión que involucre a partidos y a la academia porque el daño es inconmensurable. 

                  LO NO ATENDIDO 

El estado de Zacatecas padece  disfuncionalidades originadas en el vacío que deja una poder legislativo omiso, no existe el seguimiento puntual del ejercicio del gasto público desde la representación popular, no nos hemos percatado que los órganos responsables del combate a la corrupción en el nuevo régimen ya no se concentran en los asuntos menores sino en la corrupción en gran escala, abandonando la artimaña de usar tiempo, dinero y recursos humanos  descuidando pesos por cuidar centavos 

La creación de órganos internos de control está corriendo la misma mala suerte que en su momento acompañó la creación de contralores municipales asignados a la primera minoría electoral, no se les dota de los recursos indispensables y se conocen casos de titulares de instancias que por ley tienen órgano de control que les hacen la vida imposible, les niegan acceso a información y los toleran porque no les queda de otra. 

La incapacidad para esclarecer el manejo de recursos públicos es de efectos catastróficos cuando empantana proyectos como el de la Presa Milpillas, y no menos lesiva para el interés general es la falta de eficacia para lograr una adecuada rendición de cuentas hasta de lo invertido en las ferias. 

La actuación partidista de integrantes de órganos autónomos y de la administración pública tiene como únicos límites los derivados de la conciencia de cada quién. Doce años después de aposentada la delincuencia organizada y exacerbada la común, el sistema penitenciario local, la investigación de delitos, la capacitación policial, el equipamiento suficiente e idóneo y demás aspectos relacionados con la seguridad de los habitantes siguen la ruta de la inercia. 

La precariedad de la vida escolar en amplias regiones, los elevados porcentajes de adicciones, las plantillas laborales municipales en constante crecimiento, el acentuado deterioro de los servicios públicos, la obsolecencia de  redes de agua potable de los grandes núcleos urbanos y la falta de protección ambiental no hace reaccionar a nadie. 

                 TIEMPO DE GANDALLAS 

Los asuntos enunciados a título de ejemplo  son de la responsabilidad de alguna o varias de las 30 comisiones legislativas del congreso local. La misión de los representantes populares no se agota en la actividad legislativa, la facultad de hacer comparecer a titulares de otros poderes, de órganos autónomos y servidores municipales obedece a que el poder legislativo es corresponsable de los órganos de estado en el plano local, por eso es el único poder constitucional investido de la representación popular; las fallas y omisiones del poder legislativo trascienden al resto del aparato público. 

La responsabilidad principal recae en el órgano de gobierno llamado Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRIyCP).

 El de la actual legislatura ha tenido una conducción desidiosa, alejada del elemental sentido del deber, ha defraudado a todos. 

No se dan cuenta que los mexicanos exigen a los políticos trabajar más y ganar menos. 

Ojalá que los ayuntamientos escuchen el sentir ciudadano, con eso es suficiente. 

Nos encontramos el Lunes en Recreo 

Luismedinalizalde@gmail.com  @luismedinalizalde