Por: Lucía Medina Suárez del Real
Las bancadas opositoras –excepto el PAN- anunciaron que interpondrán un recurso legal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la aprobación del paquete económico 2018, el martes 5 de diciembre en una sesión que calificaron como ilegal.
En conferencia de prensa, diputados de Morena, el Partido del Trabajo, Partido de la Revolución Democrática y Encuentro Social, explicaron que pondrán una acción legal debido a que la sesión del martes 5 de diciembre donde se leyó la Ley de Ingresos, el proyecto de decreto de Egresos para el próximo año, así como los nombres de aspirantes a magistrados del Tribunal Administrativo fue ilegal, así como la sesión donde se aprobaron los dictámenes al respecto.
Geovanna Bañuelos, coordinadora del Partido del Trabajo, recordó que en la aprobación del presupuesto pasado, la bancada oficial “mayoriteó” para aprobar el Impuesto Ecológico, pese a que la oposición advirtió que éste era inconstitucional, por ser un área de materia federal. Luego la presidencia de la República interpuso la controversia tal como la oposición previó, de tal suerte que a la fecha no se ha resuelto su pertinencia o no, por lo que permanece en el limbo.
Por su parte, la diputada María Elena Ortega aseguró que todos los acuerdos tomados en la sesión que consideran ilegal, entre las que están la Ley de Ingresos, el presupuesto de Egresos y la elección de magistrados del Tribunal Administrativo, serían por tanto ilegales también. Y llamó a defender la legalidad.
Este recurso legal no significa que el presupuesto quede suspendido, sino que entrará en vigor el 1 de enero pese a la controversia, hasta que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie. Una vez que ésta lo haga, en caso de dar la razón a los quejosos, el proceso de aprobación del paquete económico tendrá que reponerse.
De acuerdo a Gerardo Espinoza, abogado que representará a los diputados en este asunto jurídico, la ilegalidad consistió en que el pleno, que es la máxima autoridad del Congreso del Estado, había decretado un receso de 48 horas, mismo que fue incumplido por una parte de los diputados al convocar a una sesión con otro orden del día y otra mesa directiva, irrespetando la deliberación que el pleno había tenido con anterioridad.